La ética pública es una tarea de todas y todos.

La ética pública no se limita al cumplimiento de normas, se construye también a través de nuestras decisiones y de la manera en que nos relacionamos cotidianamente. 


Desde el Comité de Ética del INAH trabajamos para que la integridad, el respeto, la igualdad, la inclusión y la responsabilidad formen parte de nuestra vida institucional y contribuyan a brindar un servicio público comprometido con la sociedad y con la protección del patrimonio cultural de México.

¿Has presenciado alguna omisión hacia tu persona o alguna persona colaboradora dentro del Instituto?

Denuncia

Cero tolerancia a las conductas de hostigamiento y acoso sexual

El pronunciamiento de Cero tolerancia a las conductas de hostigamiento y acoso sexual en el INAH constituye mucho más que una declaración institucional, representa un posicionamiento ético y político frente a las violencias de género que históricamente han atravesado los espacios laborales, académicos y culturales.

Identifica la violencia

La violencia es el uso intencional de la fuerza o el poder, físico, psicológico, económico, sexual o simbólico, que causa daño o sufrimiento a otra persona o grupo, violando sus derechos y su dignidad. Todas las formas de violencia son inaceptables.


 

Explora el diagrama de violencias


Normatividad
Los instrumentos normativos constituyen herramientas fundamentales para hacer frente a las distintas formas de violencia al establecer principios, procedimientos y responsabilidades que orientan la actuación institucional.
 

El Comité de Ética del INAH promueve
Principios
  • Respeto a los derechos humanos. Actuar con base en la promoción, el respeto, la protección y la garantía de los derechos humanos de todas las personas.
  • Legalidad. Conocer, cumplir y conducirse conforme a lo establecido en las normas que rigen sus funciones y facultades.
  • Honradez. Actuar con rectitud, sin buscar beneficios indebidos a favor propio o de terceras personas.
  • Lealtad. Corresponder a la confianza de la población, orientando sus acciones hacia su bienestar y a favor del interés público.
  • Imparcialidad. Dar el mismo trato a todas las personas, sin conceder privilegios por razón de jerarquías, intereses o influencias de cualquier tipo.
  • Objetividad. Actuar de forma neutral y con base en evidencias, preservando el interés público por encima de intereses particulares.
  • Austeridad. Utilizar con responsabilidad los recursos públicos, evitando derroches y lujos, para destinarlos al bienestar de la población, con prioridad en los sectores más vulnerables.
  • Eficacia. Cumplir con los objetivos institucionales, conforme a una cultura de servicio a la población.
  •  Eficiencia. Lograr los mejores resultados en beneficio de la sociedad, con los recursos disponibles.
  • Profesionalismo. Desempeñar las funciones con dedicación, compromiso y esfuerzo para satisfacer el interés público.
  • Rendición de cuentas. Asumir la responsabilidad de sus decisiones y acciones, sometiéndose a la revisión y evaluación de la sociedad y las autoridades competentes.
  • Transparencia. Dar publicidad a los actos relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que tengan la obligación de documentar, tomando en cuenta las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales
Valores
  • Respeto. Dar un trato cordial y libre de prejuicios a todas las personas, tales como las integrantes de la sociedad y con quienes se comparten espacios laborales.
  • Empatía. Proporcionar un trato cercano y sensible a la sociedad y a las personas del entorno laboral, reconociendo y comprendiendo sus condiciones y necesidades.
  •  Honestidad. Actuar con sinceridad y disposición a decir la verdad.
  • Liderazgo. Comportarse de forma ejemplar frente a la sociedad y a los equipos de trabajo, principalmente ante quienes se encuentren a su cargo; promoviendo la integridad y la vocación de servicio, para contribuir a un buen gobierno.
  • Cooperación. Propiciar el apoyo y el trabajo en equipo para alcanzar los objetivos institucionales y servir a la sociedad.
  • Cuidado del entorno cultural y ecológico. Conocer, conservar y cuidar cualquier medio cultural y natural, tomando en consideración a la ecología, las tradiciones y demás expresiones sociales y culturales.
Reglas de Integridad
  •  Actuación, desempeño y cooperación con la integridad. Para consolidar un buen gobierno, actuarán y desempeñarán sus funciones conforme a los principios y valores del servicio público, cooperando permanentemente con el fomento e implementación de las acciones que fortalezcan la integridad pública;
  • Trámites y servicios. Con el propósito de consolidar un Gobierno cercano a la población y sensible, en la atención de trámites y prestación de servicios, actuarán de forma honrada, eficiente, transparente e imparcial, en apego a la legalidad y otorgando en todo momento un trato respetuoso, honesto y empático
  • Recursos humanos. Para impulsar un Gobierno honesto, honrado, sin nepotismo, que trabaje en beneficio de la sociedad, en materia de recursos humanos, promoverán entornos laborales basados en la competencia por mérito, la profesionalización, la imparcialidad, la igualdad sustantiva y de oportunidades, la inclusión, el respeto, y condiciones dignas. Asimismo, aplicarán rigurosamente toda disposición que tenga por objeto la correcta planeación, organización y administración del servicio público;
  • Información pública. A fin de consolidar un Gobierno transparente y que rinde cuentas, garantizarán, conforme al principio de máxima publicidad, el acceso a información pública que tengan bajo su cargo, y difundirán, de manera proactiva, aquella que sea de interés público o socialmente útil. Asimismo, deberán tutelar, en todo momento, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos personales, así como asegurar su protección, en los términos que fijen las normas correspondientes
  • Contrataciones públicas. Para asegurar un Gobierno austero, eficiente, honesto y transparente, en las adquisiciones y arrendamientos de bienes y servicios, así como en la ejecución de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, actuarán con legalidad, imparcialidad, austeridad, eficiencia, honestidad, transparencia, profesionalismo y honradez. Adicionalmente, toda persona servidora pública que participe en los procesos de planeación, adjudicación, ejecución, supervisión de contrataciones públicas y/o administración de contratos, deberá capacitarse en la normativa aplicable en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios del sector público, obra pública y servicios relacionados con las mismas, según sea el caso.
  • Programas gubernamentales. Para impulsar un Gobierno que atienda de manera efectiva las demandas de la población, la operación de los programas gubernamentales deberá sujetarse a la normativa aplicable, con perspectiva de género, y en cumplimiento de los principios y valores de honradez, lealtad, imparcialidad, objetividad, transparencia, eficacia, eficiencia, honestidad y profesionalismo, a fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos, estrategias y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo y de los programas que deriven de éste;
  • Licencias, permisos, autorizaciones y concesiones. Para asegurar un Gobierno honesto, honrado y orientado a la atención del interés público, en el otorgamiento de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, verificarán el cumplimiento de los requisitos, reglas y condiciones previstas en las disposiciones, y actuarán con estricta legalidad, transparencia, objetividad e imparcialidad.
  • Administración de bienes muebles e inmuebles. A fin de lograr un Gobierno austero, en la administración de bienes muebles e inmuebles realizarán las acciones para que contribuya a su registro, conservación y cuidado, uso eficiente y responsable, además de su óptimo aprovechamiento, control, supervisión, resguardo, en su caso, enajenación o transferencia;
  • Control interno. Para contribuir a un Gobierno austero, eficaz y eficiente, y tener una certeza razonable de que se lograrán las metas y objetivos institucionales, además de salvaguardar los recursos públicos; prevenir riesgos de incumplimiento y de actos de corrupción, actuarán con profesionalismo, imparcialidad, objetividad y legalidad, y participarán activamente, en el ámbito de sus atribuciones, en el fortalecimiento de los sistemas de control interno institucional;
  • Procesos de evaluación. Con el propósito de consolidar un Gobierno transparente y que rinda cuentas, efectuarán procesos de evaluación con profesionalismo, legalidad, imparcialidad e igualdad, para obtener información útil y confiable que permita medir el logro de objetivos y metas; identificar riesgos y áreas de oportunidad, así como instrumentar medidas idóneas y oportunas para garantizar el cumplimiento de objetivos, estrategias y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo y de los programas que se deriven de éste, 
  • Procedimiento administrativo. Para consolidar un Gobierno confiable y cercano a la población, en la emisión de los actos administrativos, procedimientos y resoluciones, deberán conducirse con legalidad e imparcialidad, garantizando la protección de los derechos humanos y las formalidades esenciales del debido proceso.
Obligaciones institucionales
  • Constituir Comités de Ética para la implementación, promoción, fomento y vigilancia del presente Código de Ética, así como del Código de Conducta;
  • Emitir un Código de Conducta a través de la persona que ocupe la titularidad de la dependencia o entidad, el cual será elaborado a propuesta de su Comité de Ética, con la opinión favorable del Órgano Interno de Control o, en su caso, de la Oficina de Representación correspondiente, así como con base en las disposiciones emitidas por la Secretaría para tales efectos. En su desarrollo se deberá tomar en consideración la opinión del personal, a través del diálogo y del consenso, con el objetivo de que las personas servidoras públicas hagan propio el Código de Conducta;
  • Identificar riesgos éticos, entendidos como las situaciones en las que potencialmente pudiera haber un acto de corrupción al transgredirse principios, valores o reglas de integridad durante las labores específicas de las diversas áreas que componen la dependencia o entidad, y que deberán ser detectados a partir del diagnóstico para la elaboración del Código de Conducta;
  • Emitir un posicionamiento suscrito por la persona titular de la dependencia o entidad, relacionado con la no tolerancia a los actos de corrupción, el cual será difundido proactivamente;
  • Proporcionar los Códigos de Ética y de Conducta a las personas servidoras públicas de nuevo ingreso, a través de medios físicos o electrónicos, de acuerdo con las políticas de austeridad republicana, a fin de que éstas tomen conocimiento de su contenido y lo apliquen;
  • Implementar las acciones conducentes para que todas las personas servidoras públicas suscriban los Códigos de Ética y de Conducta, a través de cartas compromiso;
  • Programar y realizar acciones de capacitación, sensibilización y difusión respecto de los Códigos de Ética y de Conducta en términos de los Lineamientos para la operación de los Comités de Ética de la Administración Pública Federal. Entre dichas acciones, deberá reforzarse la importancia de la ética e integridad públicas, la cultura de la denuncia; la gestión de conflictos éticos; la prevención de la actuación bajo conflicto de interés; la promoción de la austeridad en el ejercicio de los recursos públicos; así como la prevención y erradicación de la violencia de género, la discriminación, el acoso sexual, el acoso laboral, el hostigamiento sexual, el hostigamiento laboral o cualquier otra conducta que vulnere los derechos humanos;
  • Fomentar la aplicación de los principios, valores y reglas de integridad, contenidos en el presente Código de Ética, por medio de prácticas que faciliten el equilibrio entre la vida laboral, familiar y personal de las personas servidoras públicas, comprendiendo en ello, la convivencia familiar, el desarrollo académico, o cualquier otra actividad que abone a la libertad y dignidad de éstas en lo particular;
  • Promover, conforme a la política de integridad de la Administración Pública Federal, el conocimiento y aplicación de las directrices que establece el artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y
  • Diseñar e implementar, de forma proactiva, cualquier otra acción que contribuya a la prevención y atención de vulneraciones al presente Código de Ética, conforme a las atribuciones propias de las dependencias y entidades y de sus Comités de Ética, así como al marco normativo en materia de ética pública.
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